EN GRAVE conflicto está metida la Secretaría de Transporte al obligar a concesionarios y choferes a utilizar los servicios de Quality Color, Printel y Laboratorios Maldonado para la rotulación de sus unidades y la realización de la prueba antidoping, sin que hasta ahora se de conocer el por qué de tal medida, ni cual fue el método para seleccionar estas empresas prestadoras de servicios. Si bien es cierto que a los taxistas no se les conoce como blancas palomitas, no es menos cierto que son ciudadanos que deben de gozar de todas las garantías constitucionales. La concesión expedida por el gobierno del estado para usufructuar una placa de servicio público, no los despoja de sus derechos.
Según el Artículo 8 de la Ley de Trasporte, la secretaría no tiene facultades para operar en cuanto a las empresas prestadoras de servicio, ni mucho menos para condicionar a los trasportistas a recurrir a las empresas por ellos seleccionadas. Sus facultades entre otras son según la fracc. III. “Otorgar, cancelar, revocar, modificar, prorrogar, revalidar y declarar la revocación de concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación de cualquier modalidad del servicio público de transporte en vías de jurisdicción local y ejercer el derecho de reversión de las mismas”; fracc. IV. “Regular la organización, administración y autorización del servicio de transporte público y privado de personas, carga y mixto”. Nunca los faculta para operar ellos mismos o través de proveedores particulares el equipamiento de la unidad ni la realización de las pruebas de antidoping a los conductores, ni son considerados como causales para revocar o negar permisos si estos servicios se realizan en lugares donde ellos crean más convenientes siempre que cumplan con los requisitos que señala el Artículo 51 de la citada ley.
El problema con el transporte público no es nuevo, precisamente porque las autoridades nunca les ha interesado su modernización, siempre lo han visto como un jugoso negocio al amparo del poder, dado los millones de pesos que se manejan por cuotas a la mano, por el diezmo de los proveedores, por el hostigamiento constante de los inspectores y todo esto sin contar ahora con los genízaros de "chavo" Suarez que también le meten lana al negocito. Todo ello quien lo sufre finalmente es el usuario del trasporte público, pues es el destinatario final de la impotencia de los conductores que descargan en ellos toda su frustración dándoles un mal servicio, cobrándoles de mas, y a veces hasta cometiendo otro tipo de atracos.
Todo lo que se pueda hacer para mejorar el sistema de transporte en la entidad es bienvenido, todo lo que vaya encaminado a dar seguridad a los usuarios es saludable. A nadie le gustaría abordar unidades en malas y condiciones o conducidas por tipos con carga delictiva o adictos a las drogas. Pero de eso a tomar el asunto como un medio para allegarse recursos de forma arbitraria pasando encima de los derechos de los ciudadanos, es inmoral.
El secretario de transporte Aquiles Domínguez Cerino debe explicar por qué se escogieron a las citadas empresas para prestar estos servicios. Cuáles fueron los criterios para su selección si fue por asignación directa o si se hizo licitación pública. Si esto no encierre nada tramposo, debe transparentarse cuanto antes para no darle margen a los trasportistas a protestas callejeras, pues entonces serán los estudiantes, amas casas, trabajadores y público en general quienes resentirán las consecuencias.
Según el Artículo 8 de la Ley de Trasporte, la secretaría no tiene facultades para operar en cuanto a las empresas prestadoras de servicio, ni mucho menos para condicionar a los trasportistas a recurrir a las empresas por ellos seleccionadas. Sus facultades entre otras son según la fracc. III. “Otorgar, cancelar, revocar, modificar, prorrogar, revalidar y declarar la revocación de concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación de cualquier modalidad del servicio público de transporte en vías de jurisdicción local y ejercer el derecho de reversión de las mismas”; fracc. IV. “Regular la organización, administración y autorización del servicio de transporte público y privado de personas, carga y mixto”. Nunca los faculta para operar ellos mismos o través de proveedores particulares el equipamiento de la unidad ni la realización de las pruebas de antidoping a los conductores, ni son considerados como causales para revocar o negar permisos si estos servicios se realizan en lugares donde ellos crean más convenientes siempre que cumplan con los requisitos que señala el Artículo 51 de la citada ley.
El problema con el transporte público no es nuevo, precisamente porque las autoridades nunca les ha interesado su modernización, siempre lo han visto como un jugoso negocio al amparo del poder, dado los millones de pesos que se manejan por cuotas a la mano, por el diezmo de los proveedores, por el hostigamiento constante de los inspectores y todo esto sin contar ahora con los genízaros de "chavo" Suarez que también le meten lana al negocito. Todo ello quien lo sufre finalmente es el usuario del trasporte público, pues es el destinatario final de la impotencia de los conductores que descargan en ellos toda su frustración dándoles un mal servicio, cobrándoles de mas, y a veces hasta cometiendo otro tipo de atracos.
Todo lo que se pueda hacer para mejorar el sistema de transporte en la entidad es bienvenido, todo lo que vaya encaminado a dar seguridad a los usuarios es saludable. A nadie le gustaría abordar unidades en malas y condiciones o conducidas por tipos con carga delictiva o adictos a las drogas. Pero de eso a tomar el asunto como un medio para allegarse recursos de forma arbitraria pasando encima de los derechos de los ciudadanos, es inmoral.
El secretario de transporte Aquiles Domínguez Cerino debe explicar por qué se escogieron a las citadas empresas para prestar estos servicios. Cuáles fueron los criterios para su selección si fue por asignación directa o si se hizo licitación pública. Si esto no encierre nada tramposo, debe transparentarse cuanto antes para no darle margen a los trasportistas a protestas callejeras, pues entonces serán los estudiantes, amas casas, trabajadores y público en general quienes resentirán las consecuencias.
…LOS PARTIDOS o los políticos que no pudieron imponer a sus cuates en los lugares vacantes en el Consejo Estatal, tendrán ahora otra oportunidad, viene la renovación en el Tribunal Electoral de Tabasco y podrán ahí manejar a sus fichas: dos Magistrados Numerarios serán elegidos por el Pleno del TSJ y uno vendrá de los jueces de primera instancia, ahí podrán pujar para imponer a los magistrados amigos o a su juez recomendado, y así tener poder en asuntos electorales. Lo malo es que quien sea elegido del TSJ no tiene la preparación en materia electoral ya que son civilistas o penalistas. Bueno fuera que en Tabasco al igual que en otros estados, se reformen estos procedimientos para darle entrada a la sociedad civil ya que en ella hay especialistas en la materia electoral. Resulta reprochable que un ciudadano común no pueda aspirar a esos puestos aunque tenga todos los meritos, la experiencia y los conocimientos necesarios. Terminando la rebatinga por los consejeros que debe concluir esta semana, inicia la lucha por TET. En fin veremos. joaquinperegrino@hotmail.com
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